Mientras en el Pleno del Congreso de los Diputados acaba de aprobarse (con los únicos votos del PP) la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) presentada por el Gobierno (Ministro Wert), ante la oposición de los todos los grupos parlamentarios (excepto UPyD, UPN y Foro Asturias), además del enfrentamiento de padres, alumnos, docentes y demás autoridades académicas, aún siguen las protestas por los recortes en las becas de estudios. Ya el curso pasado se endurecieron las exigencias de nota para acceder a una beca que suponga dinero y aún más lo han hecho este curso con el nuevo sistema de becas, pero el ministro de educación, José Ignacio Wert, ha venido insistiendo en que los requisitos académicos para acceder a las becas no son, “ni mucho menos”, de excelencia, sino “de devolución por parte del estudiante a la sociedad del esfuerzo que ésta realiza para que estudie”.
En apenas tres años las universidades han visto reducidos sus presupuestos en cerca de 1.200 millones de euros (según datos del Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras (CC OO) y las tasas han tenido un aumento importante. La cuestión es que, según los datos del propio Gobierno, unos 10.000 nuevos universitarios se quedarían sin beca por no alcanzar la nota exigida.
La reacción de ciertos ciudadanos no se ha hecho esperar y algunas universidades han comenzado a recibir dinero destinado específicamente a sufragar matrículas de alumnos sin recursos, más allá de las donaciones /patrocinio que empresas, instituciones o particulares han venido aportando para el desarrollo de investigaciones y de proyectos de científicos y de I + D, lo que supone ampliar el concepto de ‘mecenazgo más allá de los campos del arte y las letras, abarcando la propia educación con el ‘apadrinamiento’ a estudiantes con dificultades para hacer frente al pago de la matrícula del curso, como explica Adelaida de la Calle, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universidad de Málaga (UMA), que es una de las personas encargadas de poner las bases para sustentar este nuevo ‘fenómeno, a pesar de considerarlo una “medida de emergencia”. De la Calle ha puesto en marcha el ‘Programa de mecenazgo para la formación universitaria’ en la universidad que dirige. Para ello, se ha habilitado una cuenta corriente y los colaboradores tendrán beneficios de carácter fiscal y social, pudiendo hacer uso, incluso, de servicios universitarios como la biblioteca o las instalaciones deportivas.
Sin embargo, estas aportaciones desinteresadas, la mayoría procedentes de particulares incluso de forma anónima, ha abierto el debate de si no deja de ser caridad para solucionar una situación de la que debería hacerse cargo el Estado. Hay quien pone de ejemplo el caso de los Estados Unidos donde no es extraño este tipo de ayudas, aunque con la diferencia de que no provienen de particulares, sino de empresas que en realidad lo que hacen es ‘invertir’ por alguien, pagar su educación para que luego trabaje para ellos, ‘recogiendo lo sembrado’.
Disertaciones aparte, ha llamado la atención los casos de aportaciones realizadas por mayores. Entre estos casos se encuentra el de, una pensionista malagueña que ha donado parte de su pensión para que un estudiante sin recursos y con ganas de seguir estudiando pudiera continuar haciéndolo y el de otra jubilada que ha hecho una donación de 8.300 euros la Universidad de Oviedo ha recibido por parte de una jubilada. Quizá esto muestre que los mayores sean los que verdaderamente conocen el valor de la educación…
