Parece que en Valencia ni los sindicatos ni la patronal del sector residencial han querido esperar al propio desarrollo de la Ley de Dependencia o a la aprobación del Congreso para la constitución de un grupo de expertos que vele por el cumplimiento y el proceso de ampliación de la ley. Trabajadores y empresarios del sector han decidido tomar la iniciativa, de modo que UGT, CCOO y la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) han firmado un acuerdo para crear un observatorio de control de la implantación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana.
Según se ha informado en un comunicado emitido de forma conjunta por las diferentes partes, el futuro observatorio controlará, dentro de sus competencias, el seguimiento del calendario de aplicación de la ley en la Comunidad Valenciana. La principal pretensión de esta medida es ajustar las previsiones establecidas en el Libro Blanco de la Dependencia a la realidad de la Comunidad, además de servir como foro de debate y análisis que permita concretar acuerdos para el desarrollo, seguimiento y aplicación de la citada Ley hasta 2014. Además, se pretende que pueda desarrollarse una red de servicios que cumplan ”con criterios de profesionalidad, calidad y empleo” y que garanticen a las personas dependientes una atención cualificada, sin olvidar la acreditación profesional y la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.
Con la creación de este observatorio también se pretende hallar ”caminos conjuntos” entre las cifras del Libro Blanco de la Dependencia, que establece en 20.000 las solicitudes en la Comunidad Valenciana para 2007, y las de la Generalitat, en cuyas estadísticas el número de personas valoradas ascienden a 56.000 individuos.
