Hace unas semanas que el Gobierno lanzaba al aire su intención de subir las pensiones para el próximo 2013. Así la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguraba que se revalorizarán el año próximo, aunque no expresó de forma explícita que esta subida vaya a ser exactamente igual al aumento del IPC: “Que las pensiones se van a subir sí, las pensiones se ajustarán a la subida de la vida”. De este modo no se hace referencia a si se va a mantener la subida aprobada en 2012 o, por el contrario, esa subida será el argumento para desvincular la subida de las pensiones del IPC. Así las cosas, en realidad los pensionistas podrían perder hasta 250 euros al año si el Gobierno decide finalmente modificar el mecanismo según el cual se calcula la revalorización de sus prestaciones para evitar que pierdan poder adquisitivo.
Desde 1996 la revalorización de las pensiones es obligatoria, según quedó establecido en la Ley de Seguridad Social. El objetivo de esta disposición, acordada en el Pacto de Toledo, es proteger el derecho de los pensionistas a no ver mermado su poder adquisitivo en el caso de que la inflación sea superior a la subida de las prestaciones prevista en los Presupuestos del Estado. Para hacer efectiva esta medida quedó establecido un mecanismosegún el cual corresponde actualizar las pensiones siempre que el IPC (Índice de Precios al Consumo)del mes de noviembre supere la subida experimentada por las pensiones en ese ejercicio. El ‘pero’ de este sistema de ‘revalorización’ es el elevado coste que le supone al Estado, en un momento en el que ya los cálculos hechos por el Gobierno para los presupuestos del 2013 se han visto desbordados en cuanto a pensiones se refiere, al crecer más de un 60% más de lo previsto. Por ello se especula con la posibilidad de que el método del cálculo de la revalorización se modifique y se haga en función de un “índice de precios alternativo”, el denominadoÍndice de Precios de Consumo a Impuestos Constantes,que resta de la evolución de los precios el impacto de las medidas de política tributaria adoptadas por las Administraciones Públicas: la inflación sin impuestos.Este nuevo indicador tendrá en consideración aspectos como la coyuntura económica, la esperanza de vida, la situación del mercado laboral, o la natalidad.
De este modo, tomando como referencia el IPC de septiembre y la estimación de la Seguridad Social de que cada punto que se desvía el índice de la subida prevista de las pensiones supone un coste extra de 200 millones de euros para el sistema, aplicar el mecanismo actual vinculado al IPC General (3,4%) elevaría lafactura de la revalorización de las pensiones a 4.800 millones de euros. Por el contrario, si se vinculara a este índice alternativo, que cerró septiembre en el 1,4%, esa factura descendería hasta los 800 millones, seis veces menos.
En todo caso parece difícil que la reforma de las pensiones esté lista antes de noviembre.
