La letra pequeña de las normas legislativas es tan importante como la de cualquier producto que contratamos, más aún, si se trata de conocer todos nuestros derechos. La Ley de Dependencia reconoce una serie de derechos y ayudas tanto para los mayores y dependientes como para sus familiares y cuidadores, pero distingue casos e impone condiciones con el fin de un reparto más justo de las mismas. Nuestro propósito en esta sección es, entre otros, informaros detalladamente de todas las novedades que se producen respecto a esta Ley y todas las iniciativas y productos encaminados a mejorar la calidad de vida de los mayores.
Hace unas semanas, el Gobierno y las comunidades autónomas ultimaban los requisitos que determinarán la aportación de los mayores y discapacitados para pagar las residencias, centros y servicios que reciban. De acuerdo con la Ley, las prestaciones que se contemplan se financian a tres bandos: comunidades, Gobierno y el propio usuario Así, se ha acordado que aquellos que tengan una propiedad deberán pagar más, excepto si tienen personas a su cargo –menores de 25 años, pareja o familiares- que vivan en ella.
Sin embargo, no todas las comunidades autónomas tienen la misma renta media y aquellas en las que sea más baja deberán hacer un mayor esfuerzo inversor para solventar esta carencia. En estas regiones, por tanto, será más complicado que se cumpla, según contempla la Ley, que lo que aportan los usuarios no supere un tercio del coste. De ahí que vuelva a surgir la duda de quién financiará todo lo previsto por la norma.
A falta de determinar el importa exacto que deberán abonar los usuarios, la Ley de Dependencia exime de cualquier pago a las personas en peor situación económica, algo que en el decreto del copago se detalla: no aportarán nada de su bolsillo quienes no superen el indicador público de renta de efectos múltiples (el Iprem), que ahora está en 516 euros mensuales.
