La ley lo dice y el Gobierno lo anunció ya en octubre tras la reunión con los consejeros además de en otras ocasiones, pero la realidad es otra y los dependientes leves, que desde el día 1 tienen derecho a percibir las correspondientes prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia, van a tardar varios meses (se calcula que hacia el verano los más afortunados) en recibir cualquier tipo de ayuda.
De momento aún no se ha aprobado el decreto en el que se deben certificar las ayudas consensuadas ya en octubre, después de lo cual aún quedaría que las comunidades autónomas adaptasen sus normativas, para lo que parece que piensan tomarse todo el tiempo que les sea posible si se tiene en consideración que ya han preguntado al Gobierno por los plazos máximos, a lo que éste ha respondido que según la ley sería de seis meses a partir del 1 de enero. Si las comunidades sobrepasan esos seis meses, aquellos a los que se les conceda una ayuda económica tendrían que cobrar atrasos a partir de junio. Para muchas comunidades este ‘aplazamiento’ será un respiro para hacerse con los fondos suficientes en la actual situación de crisis. Pero si o se supera este período no hay que pagar atrasos. Así, si se tiene en cuenta el número de moderados que ya están reconocidos y las prestaciones económicas, que recibirían alrededor de un 60% de ellos, el ahorro puede ser de unos 88 millones de euros, pero cada beneficiario perdería unos 1.000 euros si estos meses pasan en blanco.
Sin embargo para otras comunidades este aplazamiento también supondrá que en el futuro el sistema se atasque, ya que estos nuevos dependientes se sumarán a la actual abultada lista de espera: ya se ha llegado al millón de personas que tienen derecho a recibir alguno de los servicios o prestaciones que contempla la Ley de Dependencia, pero 231.055 de estos dependientes aún no están recibiendo ayuda alguna. De hecho, según denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ya hay un 36% de personas con derecho el derecho reconocido que no reciben la prestación o servicio, un porcentaje que en autonomías como Canarias o Valencia ronda el 50%.
Por si quedase alguna duda sobre el retraso en la aplicación de la Ley para los nuevos dependientes, hay que señalar que tampoco está habilitado el sistema informático para ir introduciendo los datos de los nuevos beneficiarios tras su valoración, a lo que hay que unir el hecho de que están en el aire las próximas elecciones municipales y autonómicas, y la experiencia demuestra que los procesos electorales nunca han contribuido favorablemente al desarrollo de la Ley de Dependencia.
