Se acaban de cumplir dos meses desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobase en Consejo de Ministros reforma de la Ley de Dependencia, que, entre otros puntos, supone una reducción del 15% de la prestación a los cuidadores familiares de los dependientes, a los que además se les exigirá unos conocimiento mínimos para concederles esta asignación con el propósito de dar prioridad a los cuidados profesionales. A esto se une que a partir de ahora se aplicarán unos criterios comunes para determinar la capacidad económica del usuario que se calculará, además de con la renta, con su patrimonio. Esta reforma supone también la desaparición de los dos niveles en que se divide cada grado de dependencia. En vista de estos y otros cambios muchos afectados y sus familias consideran vulnerados sus derechos fundamentales, por lo que han decidido presentar ante el Tribunal Supremo un recurso solicitando la anulación de un real decreto que consideran que elimina unos derechos adquiridos por los beneficiarios de la Ley de Dependencia.
La iniciativa corresponde a la Asociación de Derechos Civiles de Personas con Discapacidad y sus Familias, que además de este recurso tiene prevista que cada una de las familias también presente un recurso de iguales características. Su argumentación expone que el recorte de las ayudas a cuidadores, la eliminación de su cotización a la Seguridad Social y restringir el acceso al sistema de los dependientes moderados supone una vulneración de los derechos y deberes consagrados en el título primero de la Constitución, concretamente en los artículos 14, 31, 33 y 39.
Según ha explicado en la entrada del Alto Tribunal el portavoz de la Asociación, Antonio Moreno, se ha acudido al Tribunal Superior ante la imposibilidad de hacerlo ante el Tribunal Constitucional, potestad reservada únicamente al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, un grupo de cincuenta diputados o de cincuenta senadores, los gobiernos y los parlamentos autonómicos. Moreno ha señalado que han acudido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, instando a la Alta Institución a recurrir el real decreto, pero que aún no han obtenido respuesta. Además ha manifestado la decepción de los afectados porque “la Oposición no ha interpuesto este tipo de recurso, y son los que tienen la potestad reglamentaria para hacerlo”.
