La semana pasada se aprobaron en el Congreso los presupuestos presentados por el Gobierno para el 2009, dentro de los cuales se encuentran los del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte presentados unos días antes por la responsable del mismo, Mercedes Cabrera. Unos presupuestos, los de este ministerio, que tienen a una protagonista indiscutible, la Ley de Dependencia, a la que de momento se pretende destinar el próximo año 1.158 millones de euros, según el anuncio que hizo la ministra Cabrera en la presentación de las cuentas de su Departamento.
Lograr que se rechazaran las cinco enmiendas a la totalidad de los Presupuestos ha sido para el Gobierno sólo la victoria de una primera batalla, y como ha manifestado el ministro de Economía, Pedro Solbes, ”Ahora tenemos un periodo complicado y difícil de enmiendas, queda mucho recorrido”. Quién sabe si entre las diferentes enmiendas habrá alguna que afecte a los caudales estimados para el desarrollo de la Ley de Dependencia. En cualquier caso, y aunque se cumplan los cálculos, las críticas a la financiación de la Ley se siguen sucediendo.
Ya durante el verano, con los primeros síntomas de la crisis económica, la ministra aseguró que el montante previsto para seguir desarrollando la Ley de Dependencia no se vería influenciado por la dificultades económicas que se estaban (y se están) atravesando. Y en esas sigue la ministra como se desprende de las declaraciones hechas durante la presentación de ”sus” presupuestos, en las que aseguraba que ”los Presupuestos de 2009 tienen en cuenta que es en los momentos de dificultades económicas cuando se hace necesario un mayor esfuerzo por parte del Estado para ayudar a las personas que más lo necesitan”, lo que supone que en el 2009 el presupuesto para la Ley de Dependencia crezca un 33% más de lo empleado en este año, lo que según Cabrera ”supone superar holgadamente la cifra de 970 millones prevista en la memoria económica de la Ley”.
Pero parece que pocos son los que están satisfechos y que consideran escasos estos recursos. Es el caso de la Generalitat de Catalunya, que se está planteando la posibilidad de retrasar el desarrollo de la Ley de Dependencia, ya que de cumplirse el próximo año la ampliación de las prestaciones a los dependientes leves además de a los más graves, se pasarían de los actuales 32.000 dependientes a 62.000. La consejera de Acción Social, Carme Capdevila, ha manifestado que la Generalitat no podrá soportar durante mucho tiempo continuar de forma permanente sosteniendo la carga económica que le supone la Ley. Capdevila ha recordado que en estos momentos está previsto un reparto de la financiación entre ambas administraciones en el que en 2011 la Generalitat se haría cargo del 81% del coste público y el Gobierno central sólo del 19%, situación que no se corresponderá con lo establecido en la Ley, en la que se dicta que las dos administraciones deben hacerse cargo a partes iguales de dos tercios del coste, mientras que el usuario debe afrontar el otro tercio.
