El Gobierno ha anunciado, a través del secretario general de Política Social, Francisco moza, su compromiso de poner en marcha un decálogo de medidas que hagan a la Ley de Dependencia más eficaz, destacando de forma especial el procedimiento de valoración de las personas dependientes.
El anuncio se ha producido tras analizar el estudio realizado por diversos expertos. Un trabajo que fue encargado por el Congreso de los Diputados a petición del Gobierno con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a dependientes y en el que ahora se ha señalado que la financiación del sistema “es la parte menos desarrollada y una de las más problemáticas” del sistema y agrega que “las estimaciones de costes del sistema que contempla la memoria económica de la Ley de Dependencia han quedado por debajo de lo que la realidad de la dependencia impone”. También advierten de que si en la actualidad el gasto en dependencia se estima en un 0,6 por ciento del PIB, en el año 2015 se presume que llegará al 1,5 por ciento. A pesar de estos datos, los expertos indican que para garantizar la eficacia del sistema de atención a las personas dependientes no basta con asegurar los recursos financieros, sino que también se debe mejorar la coordinación interadministrativa, la integración de la política social con la política sanitaria, la reducción de los tiempos en la asignación de la prestación y la acreditación de la calidad de los servicios que se otorgan, entre otras cosas.
Por su parte, Moza ha asegurado que el Ejecutivo va a reformar el procedimiento de valoración de las personas dependientes para lograr que éste sea similar en todas las comunidades autónomas y que ampliarán los supuestos de establecimiento de plazo máximo. Además, se revisará los manuales de aplicación del baremo para especificar con mayor precisión cuáles son las condiciones para establecer grado I, II o III de los beneficiarios y se establecerán medidas para garantizar que los propios beneficiaros puedan expresar qué tipo de servicio prefieren recibir, y elaborará un manual de buenas prácticas a raíz de la experiencia de las distintas comunidades autónomas. Otros de sus compromisos será posibilitar una mayor movilidad de las personas con dependencia por todo el territorio nacional y mejorar la integración de las políticas sociales y sanitarias.
El grupo de expertos que ha elaborado el informe, ha estado formado por el catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, Gregorio Rodríguez Cabrero; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, Guillermo López Casasnovas; y los profesores de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, Simon Sosvilla y José Antonio Herce, además de la directora del Área Social y Sociosanitaria de Antares Consulting, Montserrat Cervera, también forma parte de este grupo de expertos.
