Tras las medidas tomadas por otros países europeos para acabar con la piratería y la descarga ilegal de archivos, la ministra de Cultura española, Ángeles González-Sinde, anunciaba hace unos días, durante su participación en el XIII Foro Hispánico- Británico, la intención de su Ministerio de crear un “observatorio” o “alguna herramienta” específica que vea “cómo evoluciona” el respeto a los derechos de propiedad intelectual de los contenidos en Internet.
Según ha explicado González-Sinde, esta decisión “está en la línea solicitada por la Coalición de Creadores con el fin de que aquellos que ponen a disposición obras a las que no tienen derecho, dejen de hacerlo”. “Se trata de ir contra las páginas que concentran productos y los ponen a disposición”, aunque, ha puntualizado que, al contrario de lo que se hace en otros países europeos, en España no se cortará la conexión a la Red sin orden judicial previa de aquellas personas que vulneren reiteradamente los derechos de propiedad intelectual.
El objetivo que, aseguran, persigue el Ministerio con esta medida es “hacer compatibles el derecho de los ciudadanos a la cultura ‘online’ con el de quienes invierten en cultura y les corresponde una compensación”.
A la espera de su puesta en marcha, no es descabellado imaginar las reacciones contrarias que va a despertar. Los distintos intentos de la SGAE por preservar los derechos de autor frente a la piratería y las descargas de archivos en la Red no han hecho más que despertar antipatías contra esta institución. El tiempo dirá si se pueden delimitar las nuevas vías que ha abierto Internet.
