‘Nueva’ proposición para la financiación de la Ley de Dependencia

Hace unos días el Congreso de los Diputados ha aprobado una moción para la reforma del sistema de financiación de la Ley de Dependencia, aceptando la propuesta presentada por el Partido Nacionalista Vaso(PNV) en la que se dispone que la Administración del Estado se haga cargo del 50 por ciento “del gasto real realizado y acreditado” por las Comunidades Autónomas.

La modificación, que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pretende poner fin a las diferentes interpretaciones que tanto sobre la cuestión de la financiación como de las prestaciones se origina con el actual texto de la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y que han creado desajustes y está “ahogando” a las Comunidades Autónomas.

Con el cambio normativo aprobado se pretende establecer un sistema de financiación que garantice el pago por parte de la Administración del Estado del “50 por ciento del gasto real realizado, y acreditado, por las Comunidades Autónomas“, y además, hacer posible que las “partidas para la financiación de la dependencia sean ampliables, con el fin de lograr una financiación suficiente“. Otro de los objetivos planteados es analizar la aplicación de lo que se contemplaba como una excepción, la concesión de prestaciones económicas frente a prestación de servicios, que se ha convertido en norma con un 70 por ciento de las prestaciones en forma de ayudas económicas por atención en el hogar.

En estos momentos la Ley de Dependencia ya establece el pago por parte del Estado del 50% de los costes, pero el problema es que unas veces el Gobierno pone más del 50% y otras pone menos y no se conoce con exactitud cuánto dinero aportan las comunidades autónomas exclusivamente para la Ley de Dependencia.

Ésta no es la primera vez que los diputados hablan de la financiación de la ley y siempre con el mismo resultado: nada. No deja de ser paradójico que en realidad se haya aprobado una moción que pide lo que ya se recoge en la ley y que probablemente no se cumplirá hasta pasadas las elecciones del próximo año.

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