Parece desatada la ola de reclamaciones en los tribunales por la Ley de Dependencia. Si meses atrás eran los Colegios de Abogados de Alicante y de Valencia los que ponían en marcha un turno de oficio especializado en temas de dependencia, ahora es el de Las Palmas de Gran Canaria el que ha decidido, tras el acuerdo al que ha llegado con la Plataforma Ley de Dependencia Nuestros Derechos, inaugurar dentro de unos días este servicio que contará con abogados especialistas y que se encargará de atender las reclamaciones contra el Gobierno de Canarias por la aplicación de la Ley de Dependencia, estando a disposición, especialmente, de las personas sin recursos, un número importante si se tiene en cuenta que, como explica la portavoz de la Plataforma Ley de Dependencia Nuestros Derechos, Isabel Medina, ”muchos de los familiares o cuidadores de los dependientes suelen carecer de medios económicos suficientes porque, para atenderlos, han dejado de trabajar o nunca han podido hacerlo”. Precisamente será el Colegio de Abogados de Las Palmas el que corra con los gastos de este nuevo servicio, en vista de que el Gobierno de Canarias, tras pedirle su colaboración, no ha querido aportar fondos para subvencionar este turno de oficio especializado.
De Momento, en Las Palmas de Gran Canaria únicamente hay en los tribunales cinco casos en los que los beneficiarios de la Ley de Dependencia han recurrido la resolución que han recibido y con la que no están de acuerdo, considerando que no está acorde con la ley. Sin embargo, según ha explicado la portavoz de la Plataforma Ley de Dependencia Nuestros Derechos, Isabel Medina, “se prevé que habrá centenares, porque muchas de las resoluciones de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias son de risa, y cuando se presentan reclamaciones para que las reconsidere está utilizando el silencio administrativo para responder”.
Y es que para Medina y para aquellos a los representa, “después de esperar cerca de dos años a que nos respondieran las solicitudes, ahora nos encontramos con que lo que se nos concede no es lo que dice la ley, porque con ayudas de 400 euros cómo pueden pensar que da para contratar a alguien que apoye y releve al cuidador principal, así que no nos queda otra que recurrir a los juzgados para hacer valer nuestros derechos”.
Por su parte el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife parece quedarse a la expectativa, aunque su decano, Víctor Medina Fernández-Aceytuno, ha asegurado que “si lo solicita alguna asociación o vemos que existe la demanda, no tendremos mayor problema en seguir los pasos del Colegio de Las Palmas”.
