Finalmente el Ministerio de Sanidad y Política Social ha dado vía libre para que a partir entre 2010 y 2013 el 53% de los fondos para la financiaciónde la Ley de Dependencia se repartan en función de las personas que realmente están siendo atendidas y según los servicios de dependencia y el cumplimiento de acuerdos. Con este cambio, la repartición de los fondos siguiendo el criterio basado en la población potencialmente dependiente deja de primar. Para seguir el nuevo criterio, se tendrá como referencia los datos que envíen las comunidades autónomas a partir del 1 de julio de este año, según ha informado la ministra Trinidad Jiménez tras la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, señalando que se repartirán más de 283 millones de euros. Según la ministra, este nuevo marco de cooperación administrativa y criterios para el reparto de créditos hará que el sistema sea “más transparente”, además de dar un peso mayor a la atención efectiva de los dependientes. También se espera que con el nuevo acuerdo se compense el coste de los servicios en aquellas comunidades autónomas donde éstos sean más caros así como la desigualdad de capacidad adquisitiva de las personas beneficiarias.
A la hora de valorar este acuerdo, y como no podía ser de otra manera, hay diversidad de opiniones. Por un lado la comunidad valenciana, Galicia yCanarias no se han mostrado nada satisfechas. Desde las islas afortunadas se considera que el nuevo sistema de reparto de fondos perjudica especialmente a Canarias al ponderarse mucho más la superficie de una comunidad autónoma que el número de habitantes dependientes. Desde la Xunta de Galicia también se ha criticado el cambio de criterio en la repartición de los fondos, que supondrá una rebaja de 3 millones de euros en la cantidad percibida por Galicia para desarrollar la Ley de Dependencia. Visón más positiva es por el contrario la que se tiene en comunidades como Andalucía, Cataluña y Extremadura. Desde la Generalitat, la Consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, ha destacado que con el nuevo criterio que se va a aplicar habrá “más dinero” para el desarrollo de la Ley de Dependencia en la comunidad autónoma, al igual que en el resto de los lugares donde se ha trabajado y desarrollado la ley. También la consejera de sanidad y dependencia de la Junta de Extremadura, María Jesús Mejuto, ha valorado positivamente los ajustes en la financiación.
En la reunión entre CCAA y el ministerio también se ha acordado modificar el baremo de la valoración de las personas dependientes, de forma que a partir de ahora se tendrá en cuenta la frecuencia con que los solicitantes pueden realizar determinadas tareas. Además se mejoran los manuales de aplicación y se establece la elaboración de unas guías para enfermedades mentales, demencias y enfermedades neurodegenerativas. Según ha explicado la ministra de sanidad, con estos cambios se quiere alcanzar una “homogeneidad en toda España”. Para que las CCAA puedan adaptarse al nuevo baremo tendrán un plazo de un año hasta su entrada en vigor.
