Los presupuestos de los mayores para el 2013

La primera en levantar la liebre fue, hace unos días, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, al anunciar que las pensiones subirán el próximo año, “ajustándose a la subida de la vida”. Hay que tener en cuenta que ésta es una de las partidas más destacadas en los presupuestos del Estado, ya que, por ejemplo, el año pasado supuso un gasto de 100.000 millones de euros en este concepto, es decir, aproximadamente un 10% del Producto Interior Bruto y para este año se calcula para noviembre una subida del 3%, con lo que aplicarlo a las pensiones costaría 4.000 millones de euros extra, ya que en enero estas ya se revalorizaron teniendo en cuenta un incremento de los precios del 1%. A pesar de estas cifras, las pensiones de los jubilados españoles están a la cola con la del resto de los europeos, ya que un jubilado español cobra, de media, casi un 40% menos que un europeo y el 77% no llegan siquiera a la condición de mileuristas.

Otros de los puntos más destacados, tanto por su volumen como por la cantidad de personas que se ven afectadas, son la sanidad y los servicios sociales (especialmente la Ley de Dependencia). En este sentido, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene previsto para el 2013 contará con 2.970 millones de euros, lo que supone un incremento de un 28,5% respecto a las cuentas de 2012, lo que indica, según fuentes del ministerio, el compromiso con la protección a las personas en situación de dependencia y el interés por proteger la Sanidad Pública. También se ha querido señalar que el 75 por ciento del presupuesto total del Ministerio se dedica a la Ley de Dependencia (frente al 56% de la última legislatura). Sin embargo hay que tener en cuenta que se habrá de hacer frente al pago de la deuda de 1.034 millones de euros contraída en la pasada legislatura por el impago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.

En cualquier caso se ha querido destacar que en la partida presupuestaria dedicada a los Servicios Sociales se ha prestado especial atención a los mayores, ya que ocho de cada diez euros del presupuesto total está comprometido con las personas mayores y la dependencia.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, José Manuel Moreno, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Presupuestos para presentar el presupuesto de su Departamento para el año próximo, ha explicado que a la hora de elaborar las cuentas se han tenido en cuenta dos cuestiones:por un lado, el compromiso con la ciudadanía, lo que ha llevado a mantener, o reducir en muy escasas cuantías, asignaciones para colectivos específicos; por otro lado, el cumplimiento del techo de déficit que se deriva de los compromisos internacionales del Gobierno, algo que se traduce en un ajuste del 15% en total.

Mientras, la Federación de Empresas de la Dependencia (FED) –patronal mayoritaria en el sector– y la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS) consideran que la partida prevista en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la financiación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que reduce en 200 millones la dotación del nivel mínimo, supondrá “la muerte del sistema”. Además, desde l FED se considera que “Se está vendiendo que ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en un 28% cuando la realidad es que se han reducido para dependencia y sanidad en un 22,2 por ciento, que se suma a lo ya recortado para este año”.

Otra de las partidas destacadas es la destinada a los programas dirigidos al Envejecimiento Activo. Un total de 114,7 millones de euros financiarán diversas actuaciones en proyectos como los de Turismo Social, con 68,2 millones de euros, y termalismo Social, con 34,2 millones. Así mismo, la partida del IMSERSO, que es una agencia con presupuesto propio, se incrementa en 1.274 millones de euros. De este modo, aumenta en un 22,92 por ciento la dotación asignada para financiar el pago de las pensiones no contributivas.

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