El Gobierno de Rodríguez Zapatero presentó la pasada semana en el parlamento un ajuste drástico en las cuentas públicas españolas con la pretensión de paliar su grave déficit. El plan, con el beneplácito de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, supone sin embargo un brusco viraje en las políticas defendidas por el gabinete socialista hasta el momento, que ponían el acento en la inversión pública y la protección social.
Las medidas contemplan la reducción de un 5% de los salarios de los funcionarios, la extinción del cheque-bebé de 2.500 euros y duras rebajas tanto en gasto en obra pública como en ayuda al desarrollo. No obstante, es la congelación de la mayoría de pensiones y la disminución de los recursos para dependencia aquello que más afectará al colectivo senior y lo que ha provocado la reacción de sus representantes.
A falta del real decreto ley que una vez aprobado por el Consejo de ministros deberá refrendarse en el Congreso, sin que los apoyos para ello estén garantizados, la receta del gobierno consistiría en suspender en 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas. Asimismo, se suprimiría la retroactividad del pago por dependencia al día de presentación, salvo en aquellos casos en que la tramitación supere el límite de seis meses.
Si bien el presidente se escudó en la exigencia de la UE de reducir la deuda al 3% para 2013 y en los ataques especulativos al Euro para justificar unos recortes que hasta ahora había prometido que no llevaría a cabo, no ha encontrado apoyo ni en los partidos de la oposición, ni en los sindicatos ni en las organizaciones de mayores.
Entre estas últimas, CEOMA ya ha denunciado que “tocará a los más desfavorecidos aliviar el déficit público” y que menguando la dotación para el desarrollo de la Ley de Dependencia no va a ser posible que se resuelvan los expedientes en menos de seis meses, como ésta prevé. El presidente de CEOMA, José Luís Meler, señaló que “hay otras medidas de gasto que pueden recortarse y que, sin duda, los ciudadanos entenderían mejor.”
Con mayor dureza todavía se ha manifestado el Partido de los Mayores, que no sólo considera injustas las medidas, sino que a su entender vulneran la Constitución, que en su artículo 50 determina que “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
La UDP, por su parte, ha declarado que los pensionistas tendrán que resignarse al recorte de derechos si es imprescindible para la buena marcha del país, pero que no se resignarán a ser el único colectivo que haga sacrificios. Además esperan que la congelación de las pensiones sea una medida transitoria, ya que “rebajar el poder adquisitivo de los pensionistas no debe ser una solución a largo plazo.” Y recuerdan que “Las pensiones medias en España (877 euros) están ya muy por debajo de la media europea”.
Sin embargo, ha sido la Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de Catalunya la que, hasta el momento, se ha expresado con más hostilidad. Declaran que los pensionistas se encuentran “completamente desprotegidos ante las decisiones del gobierno” y advierten es “la hora de movilizaciones agresivas”.
