Se estima que el Gobierno ha recortado 3.300 millones de euros en la Ley de Dependencia para seguir atendiendo a las mismas 850.000 personas que en ejercicios anteriores. Además de los recortes de la administración hay que tener en cuenta los de las obras sociales de las cajas de ahorros. Mientras, el Gobierno ha aprobado hace un par de semanas elevar en 117 millones de euros el nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia estipulado para 2012, lo que situará el crédito definitivo para el presente ejercicio ascenderá a 1.405 millones de euros, 119 más que el de 2011. Sin embargo, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se señala que esta decisión no se debe a una “sensibilidad especial”, sino a la obligación de cumplir con la financiación de las comunidades autónomas en función de las personas dependientes reconocidas y atendidas.
Además, mientras que desde el Gobierno se insiste en que la reforma del Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia ha supuesto un ahorro para la Administración General del Estado de 835 millones de euros, los directores y gerentes de Servicios Sociales califican de demoledor el Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, que supuso la reforma de la Ley de Dependencia, al implicar la reducción del nivel mínimo de financiación en un 14 por ciento y que de de no haber sido así, para las 21.252 personas incorporadas al sistema, el Estado tendría que haber ampliado su aportación no en los 117 millones de euros que se acaban de aprobar, sino en algo más de 136 millones.
Entre tanto el Gobierno, que ha explicado que el ahorro proviene de la supresión del nivel acordado de financiación (305 millones), de la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social de la prestación económica para cuidados familiares (330 millones de gasto en 2011) y de la bajada de la prestación para los no profesionales que cuidan a personas dependientes (220 millones de ahorro sobre el nivel mínimo), y sigue insistiendo en que éstas son medidas que van a permitir que el sistema continúe funcionando y sea sostenible. Pero desde la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales se recuerda que de haberse cumplido “lealmente con una financiación paritaria (50%)”, entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, el ministerio debería aportar 3.000 millones de euros, una cifra “muy lejana” de los 1.405 que se dice abonará en 2012. Mientras se incide también en el hecho de que “La presunta nueva agilidad (74.000 personas menos en espera) es sobre todo fruto de restringir el derecho a atención a las personas con dependencia moderada”, además de recordar que en la actualidad hay en espera 231.854 personas con derecho reconocido y que el dato de 21.252 incorporados en todo 2012 supone, a ese ritmo, “una espera de casi once años para atender la totalidad de expedientes acumulados”.
