La Ley de Dependencia contempla la prestación de servicios –cuidadores profesionales, médicos y centros especializados- para la mayoría de dependientes en función del grado de dependencia; y reserva las prestaciones económicas para casos muy concretos. Sin embargo, en gran parte por la crisis económica y por otra porque prefieren estar al cuidado de sus familiares, la mayoría de los dependientes prefieren la ayuda económica y continuar viviendo en sus hogares.
Sirva de ejemplo de esta situación el caso de Asturias, según los datos del IMSERSO del 1 de octubre, A de las 15.300 personas que tienen ya reconocido su derecho a prestaciones en esta región, casi 5.000 han optado por los cuidados familiares. Además, en estos momentos en el Principado ya hay 6 centros de día terminados pero cerrados por falta de usuarios. Para el Partido Popular estos datos son una muestra clara de que cada vez son más las familias que optan por los cuidados familiares y recibir así una ayuda que oscila entre los 300 y 500 euros al mes, dependiendo del grado de dependencia.
La asistencia familiar resulta más barata pero, en contra de la pretensión inicial de la Norma, pone en serio riesgo el trabajo de miles de profesionales del sector que, en ciertas, zonas, ya se han manifestado por este motivo.
En La Rioja, por otra parte, cuatro de cada diez dependientes eligen el dinero y los cuidados familiares, una de las que más bajo tiene este índice puesto que en otras comunidades nueve de cada diez hacen esta elección. De acuerdo con el mismo informe del IMSERSO de las 5.033 personas con derecho a prestación en La Rioja, 2.815 (44,31%) son pagos en metálico para cuidados familiares. Otros 327 (5,15%) son ayudas económicas vinculadas al servicio.