La experiencia que día a día viven los profesionales vinculados a la prestación de los servicios sociales están siendo testigos de la situación de precariedad y necesidad que muchas personas y familias están atravesando y cómo cada vez cuentan con menos ayuda. Aprovechando el debate del estado de la Nación que se ha celebrado hace unos días la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado a los diferentes partidos políticos presentes en el Congreso un documento con siete propuestas que permitan apoyar y mantener a las familias en una situación digna. Las propuestas se basan en cinco puntos, entre los que se puede destacar la garantía de la Ley de Dependencia. Además se señala la necesidad de reforzar el sistema de protección social que representan los servicios sociales y que se realicen una serie de cambios normativos para garantizar el saneamiento de deudas de particulares sobreendeudados.
Según los cálculos de la Asociación se precisarían al menos 10.000 millones de euros anuales, que proponen que se obtengan, como ha explicado a los medios el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, a través de un reformado sistema impositivo: “Estamos convencidos de que la medida más social es un sistema impositivo justo que permita financiar políticas sociales y reducir el déficit público”. En concreto la propuesta recoge la recuperación de los niveles impositivos que afectan “de manera especial” a las rentas más altas y que han sido suprimidos o reducidos en los últimos quince años y propone implantar la tasa sobre transacciones financieras que podría suponer para España unos ingresos anuales de 5.000 millones de euros.
Como explicaba Manuel Ramírez tras registrar en el Congreso de los Diputados este “Plan de rescate para las personas y las familias“, lo que se ha pretendido es que el Debate sobre el Estado de la Nación se centrase “en aspectos económicos y que lo social aparezca solo como consecuencia de lo económico o como simple retórica, dando por supuesto que los problemas de las personas y familias se arreglarán de forma automática cuando se produzca una evolución positiva de la economía, como si lo social fuera un subproducto de la economía”. “Hay ocho millones de usuarios de servicios sociales y 1,5 millones de dependientes que requieren y tienen que ser nombrados en el debate”.
