Cuando las arcas del Estado, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos están bajo mínimos es evidente que hay que reducir los gastos, y parece que entre las primeras partidas a recortar se encuentran las destinadas al sistema de atención a la dependencia, una de las más significativas dentro de los presupuestos dedicados al gasto social. Sin embargo, si se atiende a la patronal del sector y a los sindicatos, parece que sería posible que el sistema de dependencia supusiera una fuente de ingresos y de creación de empleo.
Por un lado, según un comunicado del sindicato Comisiones Obreras, el desarrollo de la Ley de Dependencia podría crear 200.000 puestos de trabajo estables en un período de tres años. De hecho, entre 2009 y 2010 se han creado 145.000 nuevos puestos de trabajo, derivados de la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia, “a pesar de que las administraciones han hecho un uso excesivo de la prestación económica, situándola entorno al 50 por ciento del total de prestaciones”. Además, hay que tener en cuenta que las administraciones obtienen del gasto público que se realiza en dependencia, un reembolso económico que se sitúa entre el 60 y el 65 por ciento, por lo que el sindicato asegura que “no existe argumento en el que poder sustentar el recorte en la Ley de Dependencia”.
Por su parte, según estudios realizados por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), las empresas sociosanitarias tienen la capacidad de crear puestos de trabajo y reactivar sectores como el alimentario, las ayudas técnicas o las infraestructuras, siempre y cuando se tenga la voluntad de apostar por la atención profesional de los dependientes y por imponer una política de moderación salarial revisable. Como parte de su argumentación, Aerte afirma que según su estudio económico una persona en situación de dependencia atendida en un recurso profesional “genera menos gastos sanitario que en caso de recibir esta atención en su domicilio.”
Con estas consideraciones cabe concluir que con una política social basada en el otorgamiento de servicios profesionales tiene un claro efecto de ahorro de costes sobre los presupuestos de las administraciones por la vía del gasto sanitario, sobre todo si se combina con el uso de los centros residenciales para reducir el número de camas ocupadas en hospitales de media y larga estancia, lo que permitiría que los retornos generados por ahorro de costes sanitarios. Para todo ello y para garantizar la atención de los dependientes en el sistema actual, es necesaria la coordinación sociosanitaria, es decir, la cooperación entre las áreas de gestión sanitaria y de bienestar social de la Administración, tal y como establece la Ley de la Dependencia.
