Tres años, antes de que termine en 2016 la legislatura, es el plazo que se da el Gobierno autónomo catalán para elaborar esta nueva normativa, según ha explicado la consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press. Según Munté, con esta nueva norma se persigue potenciar la prevención, la transversalidad, la atención integral, la optimización de recursos y la sostenibilidad económica de un sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, teniendo en cuenta que en la actualidad la Generalitat soporta el 80% de la financiación de la Ley de dependencia frente al 20% aportado por el Estado, mientras que la actual Ley establece que debería pagarse a partes iguales. Por ello, según la consejera catalana, los principios que inspiran la nueva ley son la “corresponsabilidad” entre el Govern, los dependientes y las familias, aunque no ha explicado si esto supondrá un mayor copago de los servicios.
Para Munté es importante cambiar el nombre de la ley española de dependencia y sustituirlo por el concepto de autonomía personal, ya que con la nueva ley catalana que se está elaborando “Se trata de cambiar el paradigma actual centrado en los servicios por otro centrado en las personas”.
Según Munté, el Govern pretende “reformular el papel de los servicios sociales” actuales para evitar así las duplicidades, aunque manteniendo el espíritu de territorialidad y cercanía que actualmente tiene la Ley de servicios sociales. Además, “delimitará claramente las competencias de los distintos ámbitos y administraciones” que intervienen en el sistema de la dependencia, que van desde el prisma local hasta el estatal.
Por el momento aún se está preparando el nuevo texto por un “comité de expertos” que está trabajando en un documento de bases, que una vez finalizado será sometido a la consideración y debate con representantes de personas dependientes y de sus familias, además de con los partidos parlamentarios. El siguiente paso será la elaboración de un nuevo documento que deberá servir de guía para redactar ya el proyecto de ley.
