En España hay actualmente más de 300.000 personas con discapacidad por Daño Cerebral Adquirido. Estas personas tienen en común la interrupción repentina de su desarrollo vital debido a una lesión en el cerebro originada por traumatismo craneoencefálico, accidente cerebrovascular (ictus), tumores y otras causas. A pesar de ser una de las principales causa de muerte y discapacidad en nuestro país, las familias y afectados la denominan la “pandemia silenciosa” por la falta de apoyo institucional y médico que se les presta.
Hoy se celebra el Día del Daño Cerebral Adquirido (DCA) y, por este motivo, centenares de personas se unían ayer en una cadena alrededor del estadio de fútbol Santiago Bernabéu en Madrid para ser “escuchados”. Enfermos, familiares y amigos, en representación de las miles de personas que padecen esta enfermedad, pedían la creación de “servicios especializados para que el tratamiento acompañe a los pacientes”, como dijo en un manifiesto en su nombre Jaime de Marichalar presidente de Honor de la Fundación Lescer por el Daño Cerebral y víctima de un ictus hace algunos años. Además, se aprovechó la concentración para anunciar el nacimiento de la Plataforma 26 de Octubre del Daño Cerebral Adquirido, una organización que será un punto de esperanza, “porque los que padecemos esta enfermedad tenemos que ser capaces de mantener la ilusión” para luchar contra ella.
Las secuelas de un daño cerebral son múltiples y, dependiendo de la región afectada y la gravedad de la lesión cerebral, afecta a la movilidad, produce alteraciones de la conducta y las emociones y provoca déficits cognitivos, lo que hace que en un 60% de los casos los enfermos no puedan realizar sin ayuda algunas de las actividades de su vida diaria. La recuperación es posible en muchos casos con una dura rehabilitación y medicación lo que requiere atención sanitaria personalizada a la que muchos enfermos no pueden acceder.
En este sentido, en el marco de unas jornadas sobre estas patologías, la Federación Española de Daño Cerebral y otras organizaciones han denunciado que tenemos una red asistencial poco desarrollada y una escasa inversión en investigación para un colectivo cuya carga social se caracteriza por una pérdida importante en la calidad de vida de la persona afectada y la familia y, según recientes estudios, la carga económica supone un coste medio por individuo/año de 21.040 euros.
