Con la crisis económica y los recortes en los servicios públicos ha saltado la alarma sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y la prestación universal gratuita. En la actualidad el sistema sanitario español presenta una deuda de unos 15.000 millones de euros, y no hay acuerdo sobre la mejor manera de financiarla, aunque la fórmula del copago, es decir, que los usuarios contribuyan con determinadas ‘cuotas’, es una de las que más se baraja. Portugal ya lo acaba de poner en marcha, aunque otros países como Alemania, Italia, Francia, Austria, Luxemburgo, Suecia, Filandia, Suiza, Holanda y algunos otros tienen medidas similares como pagar una cuota por hospitalizaciones. En nuestro país Catalunya ha dado el primer paso al imponer el “tique moderador”, o lo que es lo mismo, el pago de un euro por cada receta, con un tope de 61 euros por ciudadano y año. Mientras Galicia ya ha manifestado su intención de hacer pagar por el “uso irresponsable de la Sanidad”.
Lo cierto es que todos parecen coincidir en la necesidad de una reforma estructural, pero no en que ésta se base en el copago, especialmente desde las asociaciones de mayores. Así, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha declarado su disconformidad ante la posibilidad de que se implante el copago de los servicios sanitarios, una medida que afectaría a más de ocho millones de mayores españoles, lo que supondría, según la organización, que la mayor parte de la recaudación dependiese de los enfermos crónicos, pensionistas y jubilados, quienes además presentan las rentas más bajas.
Hay que tener en cuenta que un 80% de los mayores padecen al menos una enfermedad crónica y el 45% más de una, además de ser quienes más ingresos hospitalarios tienen, los que más acuden a las consultas y los que más medicamentos consumen, lo que se traduce en que el de los mayores es el colectivo que más gasto sanitario genera. Sin embargo, según CEOMA, en el caso de implantarse el copago sanitario los mayores dejarían de de acudir a los servicios sanitarios, provocando diagnósticos tardíos de enfermedades graves con el consecuente deterioro de la salud pública así como un aumento del gasto sanitario.
Lo cierto es que de momento aunque el Gobierno del Partido Popular ha reconocido que van a hacer falta importantes reformas estructurales para devolver el equilibrio al deficitario sistema de salud, pero ha rechazado por activa y por pasiva la medida del copago sanitario. De hecho, el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado hace unos días que no está entre sus planes, aunque ha admitido que sí se planteó en en 1997, pero que se desechó porque la capacidad recaudatoria no compensaba los costes de la gestión administrativa.
A pesar de todo, según una reciente encuesta del Consejo General de Enfermería, el 54,8% de la población vería adecuada la posibilidad de establecer un ticket disuasorio (un pequeño pago cada vez que se utiliza un servicio) y el 63,5% aceptaría el establecimiento de un copago en función de la renta.
