Madrid, Valencia y Canarias siguen a la cola en lo que a la aplicación de la Ley de Dependencia se refiere, según los datos aportados por el Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en cuyo dictamen se manifiesta que estas comunidades “continúan evidenciando una falta de voluntad de implantar la Ley de la Dependencia, privando a sus ciudadanos y ciudadanas del disfrute de las prestaciones económicas y servicios que esta Ley les reconoce”. Sin embargo, a pesar de estos pésimos datos, en términos globales se aprecia una mejora en la implantación de la ley.
Mientras que estas comunidades han obtenido un suspenso con una valoración de 2 puntos sobre 10, en el extremo contrario se encuentran las comunidades de Castilla-La Mancha, País Vasco, Castilla-León y Aragón, que obtienen la mejor calificación con 8,5 puntos. Entre las mejores también se encuentran La Rioja y Andalucía con 8 puntos y Navarra que ha logrado subir hasta los 7. En el medio, con un aprobado, se encuentra Asturias (con un 5), además de Cataluña y Galicia (con 5,5 cada una) y Cantabria con un 6,5.
A la hora de valorar la aplicación de la Ley de Dependencia se han tenido en cuenta diferentes criterios como el número de solicitudes presentadas, el de dictámenes y el de beneficiarios sobre el total de población, además de las personas con derecho pero que aún están pendientes de recibir una prestación o servicio, la integración efectiva en la red local de servicios sociales o la cantidad de cuidadores no profesionales que se han dado de alta en la Seguridad Social.
En número absolutos el informe establece que 331.000 personas reciben la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, es decir, cuidados no profesionales, mientras que únicamente 75.000 beneficiarios reciben servicios profesionalizados de Ayuda a Domicilio y 37.000 en Centros de Día. Además, a pesar de que en este año no se incorpora ningún nuevo grado o nivel, continúa produciéndose un número muy elevado de solicitudes para el reconocimiento de la situación de dependencia, unas 40.000 personas cada mes, cifra a la que hay que sumar las 242.000 personas que siguen en el denominado ‘limbo de la dependencia’, en el que se encuentran las personas que tienen reconocido el derecho a una prestación económica o servicio pero que aún no la reciben.
En su dictamen, el Observatorio de la Dependencia ha mostrado su preocupación con el hecho de apenas se esté llevando a cabo un seguimiento de la situación de las personas dependientes que reciben cuidados no profesionales en su entorno familiar, por lo que las administraciones no pueden garantizar si éstas están o no adecuadamente atendidas.
